Sheinbaum propone nuevo requisito para doble nacionalidad en candidatos a gobernador o presidente

Iniciativa contra la doble nacionalidad en candidatos a gobierno

La gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa de reforma que establece como requisito para ser candidato a gobernador o presidente de la República renunciar a la doble nacionalidad, según informes de Eje Central y El Universal.

La propuesta, divulgada el jueves 27 de agosto de 2026, busca aclarar la interpretación actual del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que ‘nadie podrá ser elegido o elegido Presidente de la República si tiene doble nacionalidad’.

Detalles de la reforma

Infobae destacó que la iniciativa incluye disposiciones para que los aspirantes a cargos de gobierno federal y estatal presenten ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una declaración jurada en la que certifiquen no tener otra nacionalidad, salvo casos excepcionales.

Los textos de la propuesta indican que la renuncia a la doble nacionalidad debe ser formalizada ante un notario público y acompañada de documentos que acrediten la extinción de cualquier otro estatus ciudadano, según los puntos clave publicados por los medios.

Impacto en la política mexicana

La iniciativa ha generado expectación en el ámbito político, ya que varios gobernadores y candidatos a gobernador han sido cuestionados en años anteriores por su situación migratoria o por tener ciudadana de otros países. La reforma busca evitar controversias legales y de transparencia en las elecciones federales y locales.

El propio Instituto Nacional Electoral (INE) ha señalado en reiteradas ocasiones que la doble nacionalidad es incompatible con el ejercicio de cargos públicos, pero hasta ahora no existía una iniciativa legislativa que lo formalizara con detalle operativo.

Próximos pasos

La iniciativa debe ser sometida a debate en la Cámara de Diputados y el Senado, donde podría tardar varios meses en aprobarse. Mientras tanto, expertos en derecho electoral han señalado que su implementación requeriría una reforma constitucional, proceso que puede prolongarse hasta las próximas elecciones de 2028.

Organizaciones de derechos humanos y grupos de defensa de los migrantes han expresado preocupación por la posible restrictiva aplicación de la norma, especialmente en casos de personas nacidas en el extranjero pero con residencia permanente en México.